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Comunidades del Catatumbo rechazan señalamientos del Ejército Nacional

En la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que abarca 10.089 km2 cuadrados, en su mayoría selváticos, los grupos armados se enfrentan por los territorios dejados por las desmovilizadas FARC, que buscan quedarse con todos los eslabones del narcotráfico. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

A través de un comunicado público, comunidades campesinas del Catatumbo ubicadas en el sector de Caño Indio y en las veredas de Palmeras, Mirador, Chiquinquirá y El Progreso en el municipio de Tibú (Norte de Santander) se pronunciaron para ratificar que se mantiene la movilización social que inició el pasado 7 de mayo, debido a la intervención de cerca de 140 soldados que adelantan operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos en esta zona del país.

Además, exigieron claridades y garantías por parte de los mandos del Ejército de la región, después de las declaraciones emitidas por el comandante de la Segunda División el mayor general Ómar Esteban Sepúlveda y el general Fabio Caro, donde han venido señalando de manera grave y generalizada a las comunidades en el territorio.

El comandante de la Segunda División del Ejército Nacional de Colombia había denunciado que más de 300 campesinos “secuestraron” al grupo de uniformados que adelantan estos operativos, señalando que les habrían cortado, supuestamente, los suministros de agua y luz, “violado los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), con el fin de promover la flagrancia de estas comunidades cocaleras que están en contra de nuestra fuerza pública”.

En el mismo documento, las comunidades manifestaron su inconformismo por los constantes señalamientos por parte de la Fuerza Pública contra el campesinado del Catatumbo. “Los mandos militares pretenden responsabilizarnos del secuestro de 125 soldados”.

Ante esta situación, en una entrevista con el medio regional Agencia Prensa Rural, uno de los líderes campesinos que impulsa la movilización social expresó “jamás retuvimos al personal militar, por el contrario, pedimos el respeto a los derechos humanos y a la vida en la región”.

Esta acción ciudadana fue observada, anotan los campesinos, el pasado 12 de mayo por la oficina Derechos Humanos de las Naciones Unidas y verificada por la personería municipal de Tibú y organizaciones sociales del territorio, como la Asociación campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y la ruta de prevención y protección de líderes sociales del nororiente colombiano.

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Siguiendo con su intervención, el campesinado insistió en que el Estado colombiano debe garantizar el derecho a la protesta social y a la movilización ciudadana. Rechazaron el incumplimiento sistemático del gobierno frente a las comunidades del núcleo de las veredas de Caño Indio.

A su vez, dejaron en claro su preocupación frente a la actividad de la base militar ubicada en su territorio que había sido construida para brindar seguridad a los exguerrilleros y exguerrilleras que se encuentran en proceso de reincorporación en el ETCR Negro Eliecer ubicado en esta vereda.

Sin embargo, este jueves 12 de mayo la Defensoría del Pueblo confirmó que luego de tres días de mediación y acompañamiento en la vereda de Caño Indio, se logró calmar la situación que se registraba en esta localidad fronteriza entre las comunidades campesinas y los soldados que adelantan los operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos.

Por último, los campesinos de esta zona del Catatumbo, en su declaración le exigieron al Gobierno nacional, al Ejército, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y organismos multilaterales las acciones para que se generen espacios y condiciones para dialogar y buscar salidas a la problemática que se presenta en la región, y poner al centro el cumplimiento inmediato de los establecido y contemplado en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz.

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