El cambio de estrategia de la Fiscalía pone en peligro el acuerdo con el exdirector de Pemex destinado a encontrar pruebas sólidas contra el expresidente y su mano derecha
“Esta fiscalía está lista para acusarlo”. La frase del fiscal Manuel Granados encarna el giro radical que ha tomado el caso de Emilio Lozoya. Durante casi un año y medio la estrategia fue mantener la mano tendida hacia el exdirector de Pemex, convertido en una especie de testigo colaborador protegido, en busca de pruebas sólidas para incriminar a lo más alto del último Gobierno priista. El pacto saltó por los aires este miércoles en la primera visita en persona de Lozoya ante el juez del Reclusorio Norte. La Fiscalía considera ahora poco menos que el acusado les ha estado mareando todo este tiempo para dilatar lo más posible su entrada a la cárcel.
La estrategia ha virado de la contemporización al ataque y la decisión del juez de aplicar la presión preventiva mientras dure el proceso tendrá repercusiones más allá de Lozoya. Entre rejas, su margen para encontrar nuevas pruebas se ve mucho más limitado, complicando así la viabilidad de las investigaciones en curso sobre Peña Nieto y la otra decena de políticos a los que el exjefe de la petrolera estatal ha señalado en el marco de su acuerdo con la fiscalía.
Desde el comienzo del caso, en agosto del año pasado, Lozoya lanzó una tormenta de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores. Las más detalladas se concretaron en el expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, el exsecretario de Estado Luis Videgaray, acusados de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de dólares repartidos entre la campaña electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética del año siguiente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en mayo del año pasado los intentos de la Fiscalía por sentar a Videgaray ante un juez. Hasta dos veces la FGR ha presentado ya ordenes de detención contra el que fuera canciller, secretario de Hacienda y jefe de campaña en 2012. En ambas ocasiones, un juez penal del reclusorio Norte, el mismo que acaba de encerrar a Lozoya, devolvió el caso a la Fiscalía ante las inconsistencias de la solicitud.
