En el año 2021 el presidente de México Andrés Manuel López Obrador redefinió su estrategia política tras los resultados de las elecciones de junio, en las que se renovaron la Cámara de Diputados y 15 gobernaciones.
Aunque su movimiento obtuvo la mayoría simple de la Cámara Baja y ganó los Gobiernos de 11 estados, dos aspectos sacudieron al mandatario: la derrota de Morena en la Ciudad de México, supuesto bastión morenista, y la imposibilidad de aprobar reformas constitucionales debido a que su partido y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada de los diputados.
El resultado alimentó el que parece el mayor miedo del presidente López Obrador: que sus reformas sean revertidas si su partido pierde las elecciones presidenciales de 2024. Este temor explica las cuatro líneas de acción que el presidente ha emprendido durante la segunda mitad del año:
1.- Fortalecer su entorno: López Obrador ha realizado cambios en su círculo íntimo para ubicar en posiciones sensibles a personas muy cercanas, en muchos casos provenientes de su propio estado, Tabasco. Es así que sustituyó a sus secretarios de Gobernación y Hacienda, al consejero jurídico, al responsable de investigaciones de lavado de dinero, y a parte del liderazgo de varias instituciones de salud. Los cambios han generado preocupación porque parecen privilegiar la lealtad y no la eficiencia, y podrían derivar en una menor interlocución del Gobierno con críticos y opositores.
2.- Apresurar obras e iniciativas clave: el presidente tiene prisa por concluir los proyectos de infraestructura insignia de su Gobierno y consolidar reformas que apuntalen su proyecto económico. Eso lo ha llevado a impulsar una polémica reforma constitucional para modificar el esquema vigente de generación eléctrica que López Obrador considera “neoliberal”, asegurando que afecta la soberanía energética de México, debilita a la Comisión Federal de Electricidad y favorece de manera indebida a empresas privadas. Por otro lado, para asegurar que las obras de infraestructura del Gobierno –el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya o la refinería Olmeca– no enfrenten obstáculos administrativos, el presidente emitió un acuerdo que obliga a las dependencias de Gobierno a acelerar trámites y, según críticos e instituciones de transparencia como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales (INAI), a omitir procesos de información que retrasen el avance de las obras. La corte resolvió que no es válido que la información de las obras sea tratada como de “seguridad nacional”.
