Salud
El título no es un brindis. No es una interjección con alcohol en la mano izquierda, de la que se nos acabó la fuerza, para celebrar la cuarta transformación. Esta columna es un réquiem por el sistema de salud.
La discusión discurre inalterada desde hace dos décadas. De un lado, están los técnicos. ¿Tecnócratas irresponsables, como dijo el presidente, en su mañanera del martes 14? Sí, pero no por las razones que se imagina el presidente. La tecnocracia mexicana fue timorata y blanda, especialmente en políticas de salud y educación. Pensaron que con sus reformas de fragmentación de los sistemas de salud públicos, los grandes rentistas del sistema de salud, los sindicatos de instituciones como el IMSS, terminarían por retirarse. Error.
Un exdirectivo del IMSS relató hace años que, para entregarle unos muebles en su oficina que estaban en otro edificio, hacía falta la coordinación de tres líderes sindicales. Los afiliados a un edificio, los que podían transportar los muebles en la calle, y los afiliados al edificio sede, en Paseo de la Reforma, no podían actuar juntos. Ni pensar que unos entraran al monopolio laboral de los otros; anatema, blasfemia y herejía, si tal cosa es posible. Es impensable, bajo semejante inoperatividad, un transplante de hígado o una transferencia financiera entre sedes.
En la era de los presidentes Fox y Calderón, se creó un sistema asistencial para los no afiliados al IMSS. Seguro Popular, le decíamos. No era una institución; era más bien un conjunto de contratos de subrogación de servicios y sistema de financiamiento. Si los tiempos de espera del IMSS o la carencia local era obstáculo para hacer efectivo el derecho a la salud de los pobres, la política pública estaba ahí para defenderlos.
Esa política pública no desmanteló al IMSS y a su costoso sistema de financiamiento, que sí es un obstáculo a la formalidad laboral. No desactivó a los sindicatos, el del IMSS, que ha extraído una renta del sistema de seguridad social; tampoco desactivó a los sindicatos de servidores públicos, que prefieren que siga existiendo el ISSSTE, aunque esté quebrado, porque hay mecanismos para ordeñarlo. No anuló sistemas fragmentarios y privilegiados como el de Pemex. Tampoco desactivó a sindicatos como el de la CFE, que atiende a sus agremiados en el IMSS y compite con los trabajadores privados por los recursos escasos del Instituto.
La salud es un bien público, porque es imposible que el columnista y su familia pongan un hospital en su casa. No nos alcanza para un quirófano o para contratar a cirujanos y especialistas. Necesitamos esquemas de aseguramiento para compartir estos bienes y servicios caros con otras personas que puedan requerirlos en el momento crítico entre la vida y la muerte. Si no es bien público, tiene que ser un bien privado compartido, bajo un mercado regulado de seguros. En México no tenemos ni lo uno ni lo otro. Un remedo de seguros públicos y una broma de seguros privados. Hace falta una reforma profunda.
Hay muchas cosas que el presidente pudo hacer, a partir del bono democrático que obtuvo. Para hacer un sistema universal de salud, tenía que haber hecho UN sistema de salud público. No mantener a todos, a merced de la conveniencia política.
Podrían haber clausurado el monopolio del IMSS. Su póliza es cara, porque tiene servicios que no todos los mexicanos quieren usar. Está hecha para financiar la salud de trabajadores formales. En México la mayoría de los trabajadores son informales, y la carga fiscal y de seguridad social incentiva todos los días el subempleo, informalidad y todos los mecanismos imaginables para reducir la carga fiscal de empresas y trabajadores. Los mexicanos no queremos pagar el costo total del IMSS por caro e inefectivo.
En la mañanera del 14 de marzo, el presidente, el director del IMSS y el secretario de salud nos demostraron que son los funcionarios de más alto nivel del sistema de salud nayarita. La tierra huichola es el único rincón de la República que les interesa.
México debe romper los excesos de los sindicatos que controlan la salud de los mexicanos. Los derechos laborales de unos pocos deben tener una prelación más baja que los derechos de salud, o que los derechos humanos. Precisamos un solo sistema de salud, federal, que cueste menos de 500 USD por habitante al año (6% del PIB), con cargo al presupuesto, y que no pueda extorsionar al gobierno, empresas y ciudadanos desde el orden sindical. ¿Se podrá? Seguro sí, pero no bajo el ancien regime que López Obrador dice haber clausurado. Hoy se ve más fuerte que nunca.